Albacete, 2 jun (EFE).- La Guardia Civil de Albacete ha cerrado la "Operación Jach" con 21 detenidos y 137 delitos esclarecidos, con la desarticulación de una banda que se dedicaba a extorsionar empresarios para vigilar en obras, sobre todo del AVE, en varias provincias del centro y el Levante español, entre ellas Murcia.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Albacete, 35 de los delitos de los que están acusados han sido por extorsión, cuatro por falsedad documental, diecisiete contra los derechos de los trabajadores, otros diecisiete por intrusismo, veinte por robos con fuerza, 38 por daños, seis por hurtos y dos por faltas.

Entre el material intervenido se encuentra numerosa documentación, máquinas y herramientas procedentes de los robos, armas de fuego, armas blancas y diversas cantidades de dinero.

Las investigaciones de la 'Operación Jach' han sido coordinadas por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete y se iniciaron ante las sospechas de la existencia de una banda organizada que extorsionaba y amenazaba a empresarios para vigilar sus instalaciones, tanto en la provincia de Albacete como en otros puntos del territorio español.

En una primera fase, que se hizo pública el pasado mes de marzo, fue desarticulado el núcleo de la banda, con la detención de siete personas que desarrollaban sus actividades en las comunidades autónomas de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia; y que pretendían extender sus acciones a Castilla y León e incluso a Portugal.

Supuestamente, estas personas eras las principales responsables de una red perfectamente organizada que extorsionaba a empresarios adjudicatarios de obras civiles, a los que exigían dinero a cambio de proteger las instalaciones.

Según han informado las citadas fuentes, si los empresarios no accedían a la oferta, los mismos integrantes del grupo causaban daños o robaban material de las empresas.

Además, los cabecillas de la organización tenían activas tres sociedades mercantiles para 'blanquear' el dinero procedente de las extorsiones y dar cobertura a las facturas falsas que emitían a los empresarios por los servicios de vigilancia prestados.

A lo largo de la operación se han llevado a cabo distintos registros domiciliarios en municipios de Madrid, Cáceres y Guadalajara, en los que los agentes encontraron armas de fuego, munición, dinero en efectivo y documentación diversa, y se han intervenido decenas de cuentas bancarias y talones, en total, el dinero intervenido supera los 560.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia formulada en diciembre de 2009 en la que se alertaba de la comisión de daños reiterados en maquinaria que realizaba obras para el nuevo trazado del AVE.

El análisis de otras denuncias similares presentadas en distintos Puestos de la Comandancia de Albacete despertó la sospecha de la existencia de un grupo que, al menos durante los últimos tres años, se podía estar dedicando a extorsionar a empresarios que realizaban obras civiles de gran envergadura, principalmente relacionadas con la construcción de la plataforma de la vía férrea del AVE.

Las indagaciones permitieron identificar a dos personas como cabecillas de la trama y determinar su modo de operar: una visita inicial de toma de contacto con los encargados de las obras y el ofrecimiento de los servicios de vigilancia, así como episodios de daños tanto antes como después de la primera visita.

Los detenidos también realizaban nuevas visitas o llamadas telefónicas para insistir en la oferta y, finalmente, recibían abonos de cantidades mensuales por el 'servicio' de seguridad prestado por supuestos vigilantes.

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