El Juzgado de lo Social 1 de Granada ha declarado nulo el despido de la
que fuese jefa del servicio de seguridad de la Diputación, del que es
adjudicatario Segurisa, al considerar que fue improcedente y que sufrió
acoso laboral por parte de su empresa y del coordinador de seguridad de
la institución. La "actitud de acoso" comenzó, según el juez, cuando el
coordinador de seguridad de la Diputación, Juan Carlos Adarve, pidió a
la demandante que le dijese a qué trabajadores podía despedir para
sustituirlos por "militantes del PSOE o familiares o amigos" de
afiliados del partido y ella se negó.


Según la sentencia, ha quedado probado que era "habitual" que cuando se
debía cubrir algún puesto entre los vigilantes de seguridad "se
acudiera a personas cercanas al PSOE, siendo Juan Carlos Adarve quien
indicaba el nombre de quien podría ser contratado".

Tras la negativa de la demandante a colaborar, fue trasladada de un
despacho privado a una sala con el resto de personal de seguridad,
donde el coordinador instaló una cámara de seguridad que grababa el
espacio ocupado por la trabajadora, lo que el juez relaciona con "los
problemas previos" existentes entre ambos.

Después se la responsabilizó de la no elaboración de un plan integral
de seguridad que "no era de su competencia" y de varios informes sobre
el resto de empleados, y se le dejó de abonar el plus de 900 euros que
recibía como jefa de servicios, aunque más tarde se le ofreció mantener
íntegro el suelo aunque desempeñando sólo funciones de vigilante de
seguridad, a lo que la trabajadora se negó por considerarlo una
"degradación pactada".

Aunque Segurisa la despidió alegando motivos disciplinarios, reconoció
la improcedencia del despido y la indemnizó judicialmente, lo que el
juez ha considerado elemento probatorio para decretar su nulidad.

Además, la empresa deberá indemnizar a la trabajadora con 98,90 euros
al día desde el pasado mayo, cuando fue despedida, hasta que sea
readmitida.

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