Lunes, 25 de Octubre de 2010
A un año de que el ministerio de Trabajo autorizó el funcionamiento del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Seguridad Privada (Straispes), las empresas de los servicios de seguridad particular ven a ese movimiento como un peligro latente del cierre de esas fuentes de trabajo ante las demandas laborales que puedan exigir los vigilantes sindicalizados, además de los riesgos que implica que estén armados.

Entre las principales demandas por las que dirigentes sindicalistas se han dado a la tarea de visitar a los empresarios para exigirles en forma amenazante que se reúnan con ellos y que discutan sus peticiones laborales como la jornada de ocho diarias de servicio, las horas extras y mejoras salariales, entre otras.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Privada, René Rodríguez Hurtado, sostuvo que no es que se esté en contra del sindicato sino que el riesgo de que sea manipulado políticamente.

Agregó que no es tanto que los vigilantes se sindicalicen sino más bien porque en cualquier momento ellos puedan usar las armas para otros fines.

"La Constitución prohibe los sindicatos armados. Si estoy sindicalizado y estoy prestando servicio, estoy armado, pero espero que los que dirigen el sindicato no se vayan a prestar a ninguna manipulación de ninguna índole", dijo Rodríguez y agregó que se tuvo que haber medido los riesgos que se corren con vigilantes sindicalizados y armados "porque se puede generar un problema serio".

Pero esa visión no la tiene el asesor jurídico del ministerio de Trabajo, Ernesto Gómez, quien explicó que la prohibición que señala la Constitución en cuanto a la existencia de grupos armados de carácter gremial no es aplicable en este caso.

"Porque la restricción constitucional es cuando se utilizan las armas como un medio para lograr su fin. En este tipo de servicios las armas son las herramientas de trabajo de éstas personas y en muchas ocasiones las armas no son propiedad de las personas, son propiedad de las empresas", dijo Gómez.

En años anteriores, los vigilantes privados habían intentado sindicalizarse, pero siempre les rechazaban las pretensiones porque argumentaban que ese tipo de agrupaciones sindicales son prohibidos por el artículo 7 de la Constitución.

En ese sentido, Gómez sostuvo que las administraciones anteriores del ministerio de Trabajo hacían una interpretación "equivocada" del artículo 7 de la Constitución que establece que no pueden existir grupos armados de naturaleza gremial.

La autorización del sindicato está registrada en el ministerio de Trabajo en octubre de 2009 con base a lo que establece el Código de Trabajo y el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Los convenios de la OIT y la misma Constitución sólo excluyen del ejercicio de la libertad sindical a los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía", dijo Gómez.

Agregó que las administraciones anterior de Trabajo hicieron caso omiso a las recomendaciones que hizo en su oportunidad la OIT para que se diera paso a la legalización del referido sindicato.

Este movimiento sindical inició con una membresía de 35 afiliados, pero ahora cuenta con más de cinco mil afiliados, según el secretario de Asuntos Legales del sindicato, Juan Carlos de La Cruz, quien rechazó que tengan intenciones de perjudicar a las empresas, sino que lo que buscan es que se les respete los derechos laborales a los vigilantes privados. También desmintió que el sindicato vaya a actuar con intenciones políticas.

"Nosotros tenemos 10 años de estar en este esfuerzo de sindicalizarnos y nunca hemos tenido ningún apadrinamiento de nadie ni mucho menos de tendencias políticas", dijo de la Cruz.

Empresas temen cierres

Empresarios consultados por El Diario de Hoy explicaron que por las condiciones del servicio que prestan los vigilantes, muchas veces no es posible que puedan trabajar sólo ocho horas porque la mayoría de ellos residen en el interior del país y tienen que estar asignados en zonas alejadas de sus casas de habitación.

Rodríguez Hurtado sostuvo que se tendría que aumentar en un 30 por ciento los costos de los servicios de seguridad a sus clientes en caso de que los sindicalistas les exijan que sólo ocho horas trabajen.

"Nosotros como empresas de seguridad no podemos pagar el tercer hombre y ese tercer hombre se lo tendríamos que cargar a la empresa que nos contrata y ya la empresa privada se queja de que gasta demasiados millones en seguridad privada", dijo.

Además, aseguró que se correría el riesgo de que muchas empresas puedan cerrar por no tener la capacidad económica para asumir los altos costos por lo que miles de personas quedarían desempleadas.

"Esto se va a traducir en el cierre de pequeñas o medianas empresas de seguridad al ver la posibilidad de cambiar la jornada laboral de los vigilantes a ocho horas", argumentó Rodríguez.

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5258713

Merry escribió:

...que discutan sus peticiones laborales como la jornada de ocho diarias de servicio, las horas extras y mejoras salariales, entre otras.

...se tendría que aumentar en un 30 por ciento los costos de los servicios de seguridad a sus clientes en caso de que los sindicalistas les exijan que sólo ocho horas trabajen.

"Nosotros como empresas de seguridad no podemos pagar el tercer hombre y ese tercer hombre se lo tendríamos que cargar a la empresa que nos contrata y ya la empresa privada se queja de que gasta demasiados millones en seguridad privada", dijo.

"...Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que sólo se sustentaba de unas hierbas que cogía.¿Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo?; y cuando el rostro volvió halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó."