Los ocho trabajadores, la totalidad de la actual plantilla de la empresa de seguridad de Santiago Viproga, llevan entre tres y nueve meses sin percibir sus honorarios. Los trabajadores, de los cuales seis son guardias de seguridad y el resto personal de oficina, están en un «callejón sin salida», comenta uno de los trabajadores. Hace unos días se celebró el acto de conciliación para dos de los trabajadores, pero el representante de la empresa no acudió, así que la solución al problema no va a ser rápida y, lo que es peor, podría prolongarse durante años.

Uno de los trabajadores explicó que el propietario de la empresa hace meses que no aparece por la nave en el polígono del Tambre. Antes del verano les había asegurado que todo se iba a arreglar y que cobrarían sus sueldos, sin embargo, desde entonces no han sabido nada ni del dueño ni de su hija, que trabajaba también en la empresa.

Los trabajadores están obligados a seguir acudiendo a sus puestos, ya que no acudir implicaría un sanción. El portavoz de los empleados indicó que la falta al trabajo podría ser utilizada para despedirles y, con ello, perderían todos sus derechos. No podrían reclamar indemnización, ni cobrarían paro y difícilmente recuperarían el dinero que les adeuda el empresario. Dadas estas circunstancias, todos los empleados asisten a su trabajo y cumplen con sus obligaciones. Los guardias de seguridad siguen acudiendo a las empresas en las que desempeñan su trabajo y solo les resta esperar casi un milagro. Lo curioso del caso Viproga es que, una de las trabajadoras de la empresa, fue contratada por seis meses y solo cobró los tres primeros .

Desánimo

Otro de los trabajadores recuerda que «hasta tuve firma» y podría decirse que era «la mano derecha del jefe», pero ahora su situación es idéntica al resto de sus compañeros. A la mayoría les deben siete meses, pero una de las mujeres ya acumula nueve.

Con la denuncia por impago, los trabajadores pensaron que la solución llegaría en un tiempo razonable, pero el desánimo se apoderó de ellos cuando, tras el último acto de conciliación, les dijeron que ahora tendría que celebrarse juicio. «Nos dijeron que podría ser dentro de cinco, seis u ocho meses, que no podían dar una fecha», comentó uno de los afectados.

Según les han asegurado expertos laborales, si el empresario no paga lo hará el Fondo de Garantía Salarial, pero «mientras tanto, ¿quién paga mis facturas y mi hipoteca?», comenta resignado uno de los empleados. Lo único que piden es que la empresa llegue a un acuerdo con ellos, que pasaría por pagarles la deuda acumulada o despedirlos para que puedan cobrar el paro.

http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2010/12/26/0003_8929790.htm