El Tribunal Supremo archivó este lunes una demanda interpuesta por
Mariano Rajoy y Jaime Mayor Oreja contra el ex presidente del PNV
Xabier Arzalluz (en la foto), a quien acusaban de un delito de
intromisión en el honor. La causa se extiende desde que en 2003
Arzalluz hizo unas declaraciones referentes a los intereses de la
familia Mayor Oreja en empresas de seguridad privada, y la denuncia
había sido ya desestimada por el juzgado número 5 de Vitoria y por la
Audiencia Provincial de Álava.
El Supremo ha ordenado el archivo definitivo de la demanda contra
Xabier Arzalluz que en 2003 interpusieron Mariano Rajoy (entonces
ministro de Interior) y Jaime Mayor Oreja, anterior ministro también de
Interior. La denuncia se basaba en unas declaraciones del dirigente
nacionalista durante un debate sobre la necesidad de ampliar el número
de ertzainas. “No quiero pensar que Rajoy esté anunciando un principio
de privatización de la policía, al acudir a compañías privadas, ¿no? En
las que, por cierto, la familia Mayor Oreja tiene amplios intereses”,
afirmó entonces Arzalluz.
Miembros de la familia
Como ya había sucedido a su paso por el juzgado número 5 de Vitoria y
por la Audiencia Provincial de Álava, el Supremo no ha visto indicios
de delito en esta frase. La magistrada Encarnación Roca, ponente de la
Sentencia, señaló que “en el curso del procedimiento se consideró
probado que los demandantes, miembros de la familia Mayor Oreja, habían
pertenecido como apoderados, administradores o accionistas, a diversas
compañías de seguridad privada y que en el momento de presentarse la
demanda aún seguían ostentando cargos en las mismas u otras empresas”.
Palabras "veraces"
Según la sentencia, las palabras de Arzalluz fueron “veraces” y no
vejatorias ni insultantes, por lo que no violan el derecho al honor.
Además, fueron pronunciadas “en el ejercicio de la libertad de
expresión” durante un debate político, enmarcadas en el tema que se
estaba tratando, y constituían un asunto de interés público.
Pruebas no imputadas
La sentencia también hace hincapié en que el requisito de la veracidad
se cumplió “como demuestra la amplia prueba documental aportada [por
Arzalluz] en la contestación de la demanda”. El ex dirigente del PNV
entregó numerosos documentos públicos que demostraban la participación
de la familia de Mayor Oreja en empresas de seguridad privada,
documentos que los demandantes no impugnaron.
Condena a costas
Tal y como ya resolvió en julio de 2003 la Audiencia Provincial de
Álava, el Supremo ha confirmado que Rajoy y Mayor Oreja tendrán que
pagar las costas de este largo proceso.
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