La deuda de Justicia a una empresa pone en peligro a 1.200 empleados
La compañía, que ha prestado servicios de seguridad en diversos juzgados valencianos, reclama a la Generalitat 2,4 millones de euros
50 vigilantes de la firma prestaron sus servicios entre 2005 y 2009 en juzgados de Valencia, Sagunto y Castellón
Ahogados por una deuda de la Generalitat. Javier Alonso, director financiero de la empresa de seguridad privada Sequor Seguridad S.A., denunció ayer que la Conselleria de Justicia les debe 2,4 millones de euros por la vigilancia prestada en diferentes juzgados de la Comunitat entre 2007 y 2009. «Han pasado más de tres años y siguen sin pagarnos», lamentó.
El impago pone en peligro miles de puestos de trabajo. «Ante esta deuda y la constante reducción del crédito por parte de los bancos nos encontramos en una situación crítica», reconoció Alonso. Tanto que el sueldo de más de mil vigilantes de la empresa corre peligro. «Si no cobramos antes del verano 1.200 empleados se quedarán sin cobrar la nómina», lamentó Alonso.
El importe total a cobrar es de casi dos millones y medio de euros. «En marzo de 2009 acabamos el servicio y desde entonces nos adeudan 2.472.925 euros. La situación es vergonzosa», afirmó Alonso.
Los trabajos de Sequor Seguridad S. A., antiguo Grupo Cetssa, comenzaron en 2005 y se desarrollaron en juzgados de Valencia, Sagunto, Castellón, Benidorm y Elche, entre otros. En total, 50 vigilantes prestaron servicios de seguridad en edificios y locales de diversos órganos judiciales de toda la Comunitat Valenciana.
Las irregularidades en el pago se remontan a septiembre de 2007, aunque ya había una factura pendiente de diciembre del año anterior. La explicación de la Conselleria ha sido siempre la misma: la falta de dinero. «Nos decían que no había dotación presupuestaria», afirmó el director financiero de la empresa de seguridad privada, que tiene sede en Barcelona.
Alonso matizó que, pese a la situación, las relaciones con la Generalitat siempre han sido correctas. «En todo momento han tenido buenas palabras hacia nosotros. Durante 2009 nos sentamos con ellos a negociar aunque en 2010 el contacto ya fue vía email».
Pero la espera llegó a un punto de inflexión. «Nos pagaron 300.000 euros y nos dijeron que lo único que podían hacer era firmarnos un documento en el que reconocen la existencia de las facturas y la imposibilidad de saldarlas», manifestó.
En el escrito, con fecha de febrero de 2010 y firmado por la Dirección General de Justicia, aparece una relación de las cantidades a débito. Las facturas mensuales van desde los 383 euros hasta los casi 150.000.
En dicho documento, se asegura que la Conselleria «procederá al pago de estos importes una vez que exista crédito presupuestario adecuado y suficiente».
Sin embargo, hace un año la empresa tomó la decisión de presentar una reclamación ante al administración valenciana. Tras tres meses de silencio, optaron por acudir a los tribunales. «Hemos procedido a presentar una denuncia ante los juzgados pero la lentitud en la Justicia hace que cuanda salga la sentencia seguramente sea demasiado tarde», se quejó Alonso.
Fuentes de la Conselleria de Justicia no pudieron confirmar ayer esta denuncia.
Sin más plantilla
Mientras, el director general de Justicia, Antonio Gastaldi, reconoció ayer que no se producirá un incremento de las plantillas en los juzgados durante este año, sino que se mantendrán las que existen con refuerzos en supuestos puntuales.
«Este no es un momento de incremento de plantillas, sino de agradecer el esfuerzo que hacen funcionarios y jueces por trabajar», afirmó tras reunirse con el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, Carlos Domínguez, en la Ciudad de la Justicia.
Gastaldi manifestó que se habilitarán plantillas para los juzgados que se creen el 30 de junio, «pero las dotaciones de plantilla que existen se van a mantener, ajustadas a las necesidades y con los refuerzos a que haya lugar cuando algún supuesto puntual lo requiera».