Investigan a dos funcionarios por usar el edificio de la Seguridad Social como oficina inmobiliaria



El director del INSS les ha abierto un expediente tras la denuncia de un vecino que compró una de las viviendas que vendían




OLGA LÓPEZ «Llegué al edificio de la Seguridad Social para informarme sobre el piso que acababa de comprar y el vigilante de seguridad me impidió el paso, pero yo le dije que tenía que entrar, que iba a la oficina de la cooperativa que me había vendido mi casa». Así explica José Mazón dónde estaba instalada la sede de la cooperativa de viviendas constituida por funcionarios de la Seguridad Social denominada Funseso.

Este vecino de Alquerías adquirió junto a su mujer una vivienda de esta cooperativa en el año 2008 y ahora ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia a la sociedad por varias razones, entre ellas que «ha incumplido los estatutos, ya que ni siquiera ha empezado a construir las viviendas y se niega a devolvernos el dinero que depositamos», indica Mazón.

Entre los hechos enumerados en la denuncia, el abogado Miguel Ángel Barquero Baños indica que «a todos los efectos legales, Funseso III Sociedad Cooperativa está domiciliada en la avenida Alfonso X el Sabio número 15 de Murcia, domicilio que a su vez corresponde con la delegación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)». Según aparece en el escrito del letrado, «estas dependencias de la Administración del Estado han sido y están siendo utilizadas por parte de los denunciados para este fin, recibiendo en estas dependencias pagos y utilizándolas para realizar reuniones y asambleas de la cooperativa».

La denuncia «por la comisión reiterada de un delito público contra los intereses generales y la Administración Pública», se formula contra tres funcionarios del INSS y contra el director de la entidad, Francisco Sánchez. Contra el titular de la delegación de la Seguridad Social, la denuncia dice que «al tener conocimiento de la utilización de un edificio público para fines privados y no haber perseguido esta actividad ilícita dentro de las dependencias de las que es el máximo responsable, podría haber incurrido en un delito de dejación de funciones establecido en el Código Penal».

Por su parte, Francisco Sánchez, que se enteró de la existencia de la denuncia por esta redacción, asegura que «hace unos meses recibí una documentación informándome de este asunto y, en ese momento, me puse en contacto con los funcionarios que presuntamente habían celebrado reuniones para escuchar su versión». De esta forma, el director del INSS manifiesta que «abrí un expediente para investigar qué acciones se habían llevado a cabo en este edificio, pero cuando me enteré ya habían trasladado el domicilio social a otro lugar». El expediente contra estos dos funcionarios sigue abierto según manifiesta Sánchez.

«En las actas de las reuniones de la cooperativa que se celebraron en el edificio y en todos los documentos de la cooperativa aparece como domicilio de la sociedad el del edificio del INSS», asevera el denunciante, José Mazón, mostrando los escritos.



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