Piden una multa a un escolta por colocar una bomba falsa en el buzón de una juez

El buzón en el que habían colocado los detonadores. | Efe

La Fiscalía de Guipúzcoa pide una multa de 2.160 euros para un escolta, responsable de una empresa de seguridad, al que acusa de colocar dos detonadores en el buzón de la vivienda que compartía con una jueza en San Sebastián.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que hoy ha tenido acceso Efe, los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 2010, cuando el procesado presuntamente introdujo dos detonadores y cables mezclados con publicidad en el buzón del domicilio que compartía con una jueza en el barrio donostiarra de Aiete.

Posteriormente, sobre las 12:30 horas, acudió a la vivienda con su compañero de trabajo y abrió el buzón del que extrajo los detonadores y los cables que supuestamente "él mismo había depositado allí anteriormente".

El acusado aparentó entonces que los explosivos "habían sido colocados por personas desconocidas" y "llamó por teléfono al Cuerpo Nacional de Policía (CNP), identificándose como escolta privado y jefe de seguridad" de una empresa del sector, para alertar de la colocación de los detonadores y "fingiendo ser víctima de un delito".

El CNP puso el hecho en conocimiento de la Ertzaintza que "activó el protocolo establecido para este tipo de situaciones", por lo que agentes de este cuerpo aseguraron la zona y rastrearon las inmediaciones para localizar y neutralizar otros artefactos explosivos que pudieran haber sido colocados en las proximidades del lugar.

Una dotación de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza comprobó sin embargo que no existían más explosivos en la zona y se ocupó de los detonadores hallados en el buzón, mientras la Unidad de Policía Científica efectuó una inspección ocular para recoger evidencias de lo ocurrido.

Además, la Audiencia Nacional incoó unas diligencias previas, si bien luego se inhibió en favor de los juzgados de San Sebastián, donde el procesado prestó declaración en calidad de perjudicado.

El escrito de acusación de la Fiscalía indica que el acusado es escolta de profesión y que había realizado un curso básico de uso y manejo de explosivos .

Los dos detonadores que poseía el procesado eran detonadores eléctricos industriales "antigrisú", uno de los cuales se encontraba "cortocircuitado", aunque el otro se hallaba con "los cables sueltos", una situación que "incrementa el riesgo de que se produzca una detonación no deseada".

El Mundo

Ya estaba tardando en salir esto.........desde el primer instante en que vi la noticia en su día,mi primer comentario fue " a ver lo que tarda en salir que fue el escolta,porque no me creo nada........."
Poca multa me parece...

Si finalmente resulta ser culpable (simulación de delito, posesión de explosivos...) a mí también me parece poco lo que solicita el fiscal.

Sin duda es bastante extraña la situación.

Compartia piso con la jueza?, raro raro raro. 8)
Un saludo.

Pues si, la verdad es que todo esto es mas raro que un perro verde

No se exactamente hace cuanto tiempo pasó esto,igual dos años o algo menos,no lo recuerdo.Ya entonces se dijo que mantenía una relación con la juez.Me pareció todo raro,y si le sumas la reducción de escoltas a los jueces en su día,pues bueno,te da por pensar cosas malas......

esto ocurrio hace un año aprox,los primeros sorprendidos fuimos los propios compañeros de profesion , ya que muy cerca de la vivienda de la Sra jueza,se lleva acabo otros servicios de proteccion y la zona estaba y esta muy "trillada".
inmediatamente cuando se supo de quienes se trataban, corrian rios de comentarios. ahora quizas vuelvan los comentarios , ya que la sancion impuesta es cuanto menos sorprendente

Saludos

ALAKRAN escribió:

esto ocurrio hace un año aprox...

Para ser exactos en Mayo del año pasado:

https://larondadelvigilante.activoforo.com/t5346-colocan-dos-detonadores-en-la-puerta-de-una-juez-en-donostia?

SIMULAR UN ATENTADO CONTRA UNA JUEZA NO PASA DE UNA MULTA POR SER ESCOLTA

La Fiscalía de Gipuzkoa pide una multa de 2.160 euros para un escolta, responsable de una empresa de seguridad y que fue candidato del PP, al que acusa de colocar dos detonadores en el buzón de la vivienda que compartía con una jueza en el barrio donostiarra de Aiete. Los hechos tuvieron lugar el 9 de mayo de 2010 y dieron origen a un impresionante revuelo mediático cuando se especuló con que se trataba de una acción de ETA o de un caso de «kale borroka».

En el escrito de acusación de la Fiscalía, del que ayer informó la agencia Efe, se relata que los hechos por los que va a ser juzgado el jefe de una empresa dedicada a servicios de seguridad y candidato del PP se produjeron el 9 de mayo de 2010, cuando el procesado presuntamente introdujo dos detonadores y cables, mezclados con publicidad, en el buzón del domicilio que compartía con una jueza en la calle Goiko Galtzara Berri, en el barrio donostiarra de Aiete.

Posteriormente, sobre las 12.30, acudió a la vivienda con un compañero de trabajo y abrió el buzón, del que extrajo los detonadores y los cables que «él mismo había depositado allí anteriormente». Entonces, aparentó que «habían sido colocados por personas desconocidas» y llamó por teléfono a la Policía española, «identificándose como escolta privado y jefe de seguridad» de una empresa del sector «fingiendo ser víctima de un delito».

Por este motivo, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de «simulación de delito», por lo que solicita una multa de 2.160 euros para el procesado y que abone las costas.

La Fiscalía puntualiza que este suceso, que provocó un gran revuelo mediático, «no se corresponde con el modus operandi de las acciones que hasta la fecha ha empleado la banda terrorista ETA ni los grupos de terrorismo callejero afines a ella». Lo que no recoge es que, en el caso de que esos mismos elementos hubieran sido colocados, por ejemplo, por un joven independentista, el procesado se enfrentaría a una petición fiscal de muchos años de cárcel.

Zona desalojada

Aquel 9 de mayo, la Policía española dio cuenta de los hechos a la Ertzaintza, que «activó el protocolo establecido para este tipo de situaciones», por lo que sus agentes aseguraron la zona y rastrearon las inmediaciones para localizar y neutralizar otros artefactos explosivos que pudieran haber sido colocados en las proximidades. Este área de Aiete fue desalojada y, posteriormente, acordonada entre las 12.30 y las 15.00, hasta que los artificieros terminaron su labor.

Una dotación de la Unidad de Desactivación de la Ertzaintza comprobó que no existían más explosivos en la zona y se ocupó de los detonadores hallados en el buzón, mientras la Unidad de Policía Científica efectuó una inspección ocular para recoger evidencias de lo ocurrido.

La Audiencia Nacional española incoó unas diligencias previas, pero luego se inhibió en favor de los Juzgados de Donostia, donde el escolta prestó declaración en calidad de perjudicado.

El escrito de acusación indica que el imputado había realizado un curso básico de uso y manejo de explosivos. Los dos detonadores que poseía eran eléctricos industriales «antigrisú»; se encontraba «cortocircuitado» y el otro se hallaba con «los cables sueltos», una situación que «incrementa el riesgo de que se produzca una detonación no deseada».

PSE y PP aprovecharon para criticar a la izquierda abertzale

Tras el hallazgo, hace menos de un año, de lo que parecía un artefacto explosivo dispuesto para atentar contra la vida de una jueza en el barrio donostiarra de Aiete, PSE, PP y Hamaikabat aprovecharon para arremeter contra la izquierda abertzale hasta que el consejero de Interior del Ejecutivo de Lakua, Rodolfo Ares, desveló que los detonadores eran de origen industrial, de un tipo que nunca ha usado ETA.

Antes de la advertencia de Ares, su compañero Iñaki Arriola, secretario general del PSE de Gipuzkoa, había reclamado a ETA, a la que no tardó en atribuir la autoría del supuesto atentado, que dejara las armas. El también consejero de Transportes del Gobierno de Patxi López dijo que el hecho ponía de relieve «la continuidad de la amenaza terrorista sobre los vascos».

Además, mostró su «apoyo y solidaridad a los residentes de la vivienda donostiarra y a sus familias».

No se quedó atrás el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Semper, que aseguró que «estas amenazas confirman que nada ha cambiado entre los radicales». Semper, que no sabía entonces que el presunto autor de los hechos era un candidato de su partido a las elecciones, manifestó que «los terroristas no lograrán sus objetivos», porque la «sociedad los rechaza» y «las FSE los persiguen para ponerlos en manos de la Justicia».

Tanto el PSE como el PP incidieron en descalificar la apuesta de la izquierda abertzale por la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas que había quedado plasmada el documento ``Zutik Euskal Herria'' tres meses antes. GARA

Fuente: GARA

Aunque el periodismo objetivo, no sea una característica propia de este periódico, he decidido postear la noticia para aumentar la información de que disponemos de la misma.

Sin embargo, no puedo evitar hacer notar uno de los párrafos más tendenciosos que contiene (sin contar con el titular de la noticia):

Citación :

Por este motivo, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de «simulación de delito», por lo que solicita una multa de 2.160 euros para el procesado y que abone las costas.

La Fiscalía puntualiza que este suceso, que provocó un gran revuelo mediático, «no se corresponde con el modus operandi de las acciones que hasta la fecha ha empleado la banda terrorista ETA ni los grupos de terrorismo callejero afines a ella». Lo que no recoge es que, en el caso de que esos mismos elementos hubieran sido colocados, por ejemplo, por un joven independentista, el procesado se enfrentaría a una petición fiscal de muchos años de cárcel.

A lo mejor es que, si este hecho hubiese sido llevado a cabo por un "joven independentista", se le aplicaría en ese caso la ley antiterrorista. Lo cual me parecería perfectamente lógico y conforme a las leyes.

En el caso del artículo lo que habría, en mi opinión, sería una simulación de delito. Por lo que, ciñéndonos escrupulosamente a la ley, lo solicitado por la fiscalía entraría dentro de lo normal:

Citación :

(Código Penal) Artículo 457.

El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses.

Suponiendo hayan solicitado la máxima pena, es decir 360 días, a 6 € por día (que suele ser lo habitual), nos salen justo los 2160 € que dicen en la noticia.

Aunque sigo diciendo que me extraña que no se nombre la supuesta posesión ilicita de explosivos, quizá vaya por otro trámite legal.

En todo caso, si es culpable espero que le caiga la mayor pena. Y si es inocente espero que en todos los periódicos, incluído Gara aparezca un artículo igual que el que usaron para la denuncia de los hechos.

Aqualung escribió:

... si es inocente espero que en todos los periódicos, incluído Gara aparezca un artículo igual que el que usaron para la denuncia de los hechos.

estooo ¡ejem! Aqualung ¿sabes aquello de que los Reyes magos se cuelan en una sola noche por las ventanas de todos los niños para dejarles juguetes? pues no se como decirtelo, pero en realidad...

La ilusión es lo último que se pierde... O era la esperanza... Bueno. También me vale.