La ley autonómica de protección de menores, de 1995, ha quedado obsoleta. Esa es la opinión del fiscal de Menores de Asturias, Jorge Fernández Caldevilla, que ayer presentó la memoria de 2010 de su departamento. Cree que la reforma legislativa debería tener en cuenta dos aspectos. El primero sería que, «en los casos más graves, la prisión preventiva fuera de un año», en lugar de los seis meses actuales. Ese plazo se puede aumentar otros tres meses en caso de recursos. El fiscal considera que se podría prorrogar «en la mitad del tiempo de la sentencia dictada en primera instancia, es decir, igual que ocurre con los mayores».
¿Qué se ganaría con ello? Fernández Caldevilla considera que seis meses y una prórroga de otros tres no es tiempo suficiente para poder aclarar asuntos complejos y puso como ejemplo el llamado crimen de Vallobín, cuya larga instrucción hizo que la menor implicada quedara en libertad durante la tramitación del expediente.
El segundo aspecto legislativo a revisar es, en opinión del fiscal de menores, permitir la adopción de medidas antifuga en algunos centros de menores. Puso como ejemplo la Casa Juvenil de Miraflores (Noreña): «El centro está muy bien dotado y situado. Desde hace cinco años está previsto para jóvenes conflictivos, pero sólo tiene un vigilante de seguridad. Habría que permitirle que se dotara de medidas de contención para que los menores permanecieran en el centro y se pudiera trabajar en una labor educativa. Tanto la ley autonómica como la estatal se han quedado obsoletas, pero no por sus principios, sino por su desarrollo. Hay que actualizar los procedimientos de acogimiento y adopción».
En cuanto a la memoria presentada ayer, en 2010 hubo 1.287 diligencias por delitos y faltas, diez menos que el año anterior, pero se incoaron 482 expedientes, 29 más que en el ejercicio 2009. El fiscal destacó que no hubo casos de homicidio, aunque sí uno de intento de homicidio, que se saldó con una sentencia de cuatro años de internamiento en régimen cerrado. También se decidieron dos delitos de asesinato cometidos en 2009. En el conocido como crimen de Félix Aramburu, el menor implicado fue condenado a ocho años de internamiento en régimen cerrado, tres años de libertad vigilada y cinco años de alejamiento de su abuela. En cuanto al crimen de Vallobín, la sentencia fue de diez años de internamiento más otros tres de libertad vigilada, la más alta impuesta en España a un menor.
Extranjeros
Las bandas latinas Ñetas, Latinos de Fuego y Trinitarios fueron desarticuladas por la Policía, al igual que un grupo neonazi vinculado al Sporting. De los 482 expedientes de 2010, en 173 había algún extranjero y en 123 había denunciado algún marroquí. Son los jóvenes de esta nacionalidad los que dan los mayores problemas, pues, según Jorge Fernández, «los marroquíes en situación de desamparo tutelados por el Principado presentan una reiteración en los delitos».
Según apuntó el fiscal, estos jóvenes se muestran especialmente conflictivos en los centros de acogida, dando como resultado que muchos de ellos acaben internados en el centro de Sograndio. Actualmente, de los 45 ingresados en esas instalaciones por la adopción de medidas cautelares, la mitad son de origen magrebí.

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