“El metro es la jungla de los carteristas”, dice el responsable sectorial de seguridad privada de la Unión General de Trabajadores (UGT), Juan Antonio Ramos, refiriéndose a la ola de robos en el subsuelo de Barcelona y a la impunidad con la que actúan los hurtadores. Los vigilantes de seguridad – unos 300, según estima UGT- de las empresas Prosegur, Securitas y Eulen desplegados por la red del metro en diferentes turnos lidian cada día con unos 150 ladrones que frecuentan estaciones y vagones, una tarea complicada y arriesgada. Denuncian insultos, amenazas constantes, agresiones e, incluso, persecuciones por parte de los delincuentes. “Se ha dado el caso de que el carterista llega a perseguir al vigilante hasta su domicilio para intimidarlo”, comenta Ramos. Y a veces llegan a las manos. Las acciones violentas contra vigilantes “no son un hecho aislado ya que ocurren a menudo”, señala el secretario general de seguridad privada de la Unión Sindical Obrera de Catalunya (USOC), José Paz Iglesias. En este sentido los sindicatos calculan que cada semana se producen entre cuatro y seis agresiones físicas - no sólo de ladrones- a guardas de seguridad en el transporte público de Barcelona, aunque a veces estas cifras se superan.

La secuencia hasta las acometidas siempre suele ser la misma. En un primer momento, intentan escapar por todos los medios de ser retenidos por el personal de seguridad, pero frustrado este objetivo, no dudan en sacar una navaja, un puño americano o un machete. “Los carteristas siempre son los mismos porque no van a la cárcel ni se les expulsa. Es lógico. Si les cortamos el paso cada vez que quieren entrar, al final acaban enfrentándose a nosotros, agrediéndonos porque piensan que les estamos fastidiando su trabajo”, explica Iglesias. La mayoría son bandas organizadas, algunas de ellas muy peligrosas. La batalla a la que se enfrentan cada día estos trabajadores está haciendo mella en su salud y su resistencia psíquica, según denuncia Ignacio Arroyo, secretario de organización del Sindicato Profesional de Seguridad Privada (SPS) y miembro del comité de empresa de Prosegur. “La cantidad de bajas laborales – por agresiones y depresiones- que hay entre los vigilantes de los transportes públicos de Barcelona es una barbaridad”, asegura.

Los vigilantes reclaman más efectivos en el metro
Como posible solución al problema los sindicatos exigen aumentar los efectivos de vigilancia en el subsuelo urbano de Barcelona, donde se produce la mayor concentración de incidencias en materia de seguridad en los transportes públicos del área metropolitana. “Sólo hay un 25% de los guardias de seguridad de los que debería de haber”, se lamenta el responsable sectorial de seguridad privadad de Comisiones Obreras (CC.OO), José Antonio Roldán. La reducida plantilla fuerza cada vez más al personal a patrullar en solitario. “He visto compañeros ir solos en un vagón y tenerse que enfrentar sin efectivos de refuerzo al delincuente de turno”, comenta. Fuentes del comité de empresa de Prosegur también critican el hecho de que se hayan incrementado “los agentes únicos”, lo que “genera más conflicto porque éstos no pueden plantar cara a un grupo numeroso de personas”. En esta línea, la USOC reclama aumentar “el número de unidades caninas” y que se suprima “el patrullaje en solitario”.

Por su parte, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) asegura que no puede facilitar el número de vigilantes de seguridad del metro porque las cifras fluctúan diariamente en función de las festividades y los eventos que acoja la ciudad y porque contrata los servicios “por horas”.

Los sinsabores de ir a la caza del carterista
En el supuesto de que el vigilante coja al ladrón ‘in fraganti’, lo retendrá hasta que lleguen los Mossos d’Esquadra para identificarlo, pero si éstos ven que no tiene antecedentes ni ningún juzgado lo reclama por un caso pendiente, lo dejan en libertad. El personal de seguridad se siente impotente delante de esta situación. Por eso, el sector comparte la reclamación de un cambio legislativo que facilite el encarcelamiento o la expulsión de las bandas organizadas en caso de que sus miembros sean reincidentes. Pero las modificaciones normativas que piden los vigilantes no acaban aquí. También se sienten indefensos porque la ley no les considera con “carácter de agentes de la autoridad”, lo cual marca una diferencia notable con respecto a los cuerpos policiales. Si un usuario del metro atenta contra un vigilante se le puede atribuir una falta o un delito por lesiones – dependiendo de si la lesión requiere o no un seguimiento médico superior al día- , mientras que si se trata de un agente, el atacante también es acusado de un delito de atentado y desobediencia contra la autoridad.

“Difícilmente puedes ofrecer seguridad si tú mismo no la tienes”, comenta el responsable sectorial de seguridad privada de CC.OO. Los vigilantes reivindican un cambio de la Ley 23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Privada, para que incluya el carácter de agente de la autoridad en el desempeño de las funciones de vigilante. El sector ha acogido positivamente la ley Ómnibus que debatirá en breve el parlamento catalán, porque la norma reconoce a estos trabajadores la condición de agentes de la autoridad como colaboradores de los cuerpos de policía de Catalunya cuando presten servicio en infraestructuras de transporte público.

FUENTE: La Vanguardia.