SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 (EUROPA PRESS)

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos al Grupo Operativo de Seguridad Privada de la Comisaría Local Sur de Tenerife (GOSP), ha desarticulado una trama de intrusismo en materia de seguridad privada en una operación que es la primera de este tipo en España.

La investigación, según ha informado el Cuerpo, se inició a raíz de varias denuncias y se pudo determinar que la red creaba diversas empresas, ofertando servicios de seguridad a multitud de hoteles y establecimientos turísticos y comerciales del sur de Tenerife sin estar autorizados para ello.

Al parecer, aprovechaban el hecho de que los citados establecimientos hoteleros desconocían la legislación vigente en materia de Seguridad Privada y presentaban fotocopias de documentación original falsificada. Gracias a ello conseguían los contratos bajo la supuesta apariencia de empresa legal.

Según detalla la Policía, la red ofertaba los servicios a un coste muy inferior al del mercado, llegando éste a ser casi un 75 por ciento inferior al ofrecido por las empresas de seguridad habilitadas por el Ministerio del Interior. Las personas que realizaban estas funciones carecían de la titulación oficial correspondiente.

Durante la operación se detuvo al líder de la organización, un empresario (R.G.E.M.) al que se le imputan delitos de intrusismo, falsificación de documento privado, amenazas, estafa, asociación ilícita, insolvencias punibles y delito contra los derechos de los trabajadores. Asimismo el resto de personas de la red están acusados de asociación ilícita, ya que ejercían como testaferros en las diferentes empresas.

De igual forma está imputado el arquitecto financiero, que ofertaba una "imagen" de legalidad frente a la actuación inspectora de la Administración.

Los agentes han intervenido diversos vehículos y clausurado inmuebles y empresas.

El empresario contrataba a ciudadanos cubanos, los cuales carecían de la titulación necesaria para realizar funciones de Seguridad. Éstos eran aleccionados por R.G.E.M., el cual les pagaba salarios muy inferiores a los estipulados para los vigilantes de Seguridad, llegando incluso al impago en varias ocasiones y compeliéndoles a trabajar en turnos de doce horas diarias.

COMPETENCIA DESLEAL

A su vez R.G.E.M. ofertaba a los establecimientos hoteleros un servicio de transporte de dinero, que movía entre 100.000 y 200.000 euros semanales y era realizado en vehículos sin distintivos ni medida alguna de seguridad. Esto propiciaba a su vez una competencia desleal con las empresas y los vigilantes debidamente capacitados, los cuales se veían abocados a la ruina y el paro.

La operativa del grupo empresarial estaba dispuesta de tal forma que, para evitar pagar las continuas sanciones de índole administrativo que eran impuestas a las empresas, R.G.E.M. procedía al cierre de éstas dándolas de baja en el registro mercantil y pasando tanto a los trabajadores como a los medios materiales a una nueva empresa, con lo cual la actuación inspectora de la administración se tornaba fútil. Se llegaron a identificar hasta siete empresas distintas.

BENEFICIOS ASTRONÓMICOS

Esta operativa se repetía de forma continua, con lo que los beneficios se tornaban astronómicos, siendo invertidos en la creación de negocios "limpios", como restaurantes y cafeterías, donde "lavaban" el dinero proveniente del delito de intrusismo en materia de seguridad privada.

Junto al Grupo Operativo de Seguridad Privada de la Comisaría Sur de Tenerife, han colaborado en la investigación, la Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife y el colectivo de vigilantes de seguridad integrados en la Asociación "Vigías".

http://www.que.es/santa-cruz-de-tenerife/201109301034-desarticulada-dedicada-intrusismo-seguridad-privada-epi.html

Según se informa en un comunicado, la investigación se inició a raíz de varias denuncias sobre la existencia de una red de empresas dedicadas, supuestamente, a este tipo de delito. Fruto de dicha investigación, se pudo determinar que la red creaba diversas empresas por las que ofrecía servicios de seguridad a multitud de hoteles y establecimientos turísticos y comerciales del sur de Tenerife sin estar autorizados para ello.

La Policía afirma que los detenidos aprovechaban el hecho de que los citados establecimientos hoteleros desconocían la legislación vigente en materia de seguridad privada para, tras presentar fotocopias de documentación original falsificada, conseguir contratos bajo la supuesta apariencia de empresa legal.

Para ello, ofrecían sus servicios a un coste muy inferior al del mercado, llegando éste a ser casi un 75 por ciento menor al ofrecido por las empresas de seguridad habilitadas por el Ministerio del Interior. Todo ello con el consiguiente deterioro de la seguridad e integridad de los usuarios de tales servicios, principalmente turistas y visitantes, ya que las personas que realizaban esas funciones carecían de la titulación oficial correspondiente, que debe ser expedida, previa cualificación, por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

Durante la operación se detuvo al líder de la organización, el empresario que responde a las iniciales R.G.E.M., al se le imputaron delitos como intrusismo, falsificación de documento privado, amenazas, estafa, asociación ilícita, insolvencias punibles y delito contra los derechos de los trabajadores.

El resto de los componentes de la asociación ilícita están imputados por ser supuestos testaferros en las diferentes empresas, además de su arquitecto financiero, que ofertaba una “imagen de legalidad” frente a la actuación inspectora de la Administración. Asimismo se han intervenido diversos vehículos y clausurado inmuebles y empresas.

El citado empresario contrataba a ciudadanos cubanos sin la titulación necesaria para realizar funciones de seguridad. Éstos eran aleccionados por R.G.E.M., quien les pagaba salarios muy inferiores a los estipulados para los vigilantes de seguridad, llegando incluso al impago en varias ocasiones y obligándoles a trabajar en turnos de doce horas diarias.

A su vez, este empresario ofertaba a los establecimientos hoteleros un servicio de transporte de dinero que movía entre 100.000 y 200.000 euros semanales y era realizado en vehículos sin distintivos ni medida alguna de seguridad. Esto propiciaba, a su vez, una competencia desleal con las empresas y los vigilantes debidamente capacitados, “los cuales se veían abocados a la ruina y el paro”, indican fuentes policiales.

La operativa del grupo empresarial estaba dispuesta de tal forma que, para evitar pagar las continuas sanciones de índole administrativo que eran impuestas a esas empresas, R.G.E.M. las cerraba dándolas de baja en el registro mercantil y pasando tanto a los trabajadores como a los medios materiales a una nueva empresa, con lo cual la actuación inspectora de la administración se tornaba fútil. De hecho, la Policía Nacional indica que se llegaron a identificar hasta siete empresas distintas.

Esta operativa se repetía de forma continua, con lo que los beneficios se tornaban astronómicos, y se invertían, de nuevo, en la creación de negocios “limpios”, como restaurantes y cafeterías, donde “lavaban” el dinero proveniente del delito de intrusismo en materia de seguridad privada.

Junto al Grupo Operativo de Seguridad Privada de la Comisaría Sur de Tenerife, han colaborado en la investigación la Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife y el colectivo de vigilantes de seguridad integrados en la Asociación Vigias.

http://canarias24horas.com/index.php/2011093087638/tenerife/desarticulada-en-el-sur-de-tenerife-una-red-dedicada-al-intrusismo-en-la-seguridad-privada.html

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Detenido en San Miguel el dueño de una empresa ilegal de seguridad privada

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del Sur arrestaron a un empresario venezolano e imputaron a otros cuatro individuos. Aunque carecía de autorización para ejercer la actividad, el acusado ofrecía varios servicios de vigilancia a hoteles y centros comerciales a precios muy inferiores a los del mercado.



P.F., S/C de Tenerife

El Cuerpo Nacional de Policía detuvo a un empresario de 41 años, identificado como R.G.E.M. y de origen venezolano, como supuesto autor de intrusismo en materia de seguridad privada en el Sur de Tenerife. El acusado regentaba una sociedad dedicada a ofrecer servicios de vigilancia a hoteles, apartamentos y centros comerciales sin estar autorizado para ello. La actuación fue desarrollada por el Grupo Operativo de Seguridad Privada (GOSP) de la Comisaría del Sur de la isla.

La investigación comenzó a raíz de varias denuncias sobre la existencia de una red de empresas dedicadas ilegalmente a la actividad. Al parecer, el acusado supuestamente aprovechaba que los responsables de los citados establecimientos supuestamente desconocían la legislación. El individuo presentaba fotocopias de documentación original falsificada y conseguía los contratos bajo la apariencia de una empresa legal.

Una de las ventajas con que contaba el citado empresario es que ofrecía los servicios a un precio muy inferior al mercado; hasta un 75 por ciento menos que los de las empresas habilitadas para desarrollar ese trabajo por el Ministerio del Interior.

Los trabajadores carecían de la titulación oficial correspondiente, que debe ser expedida, previa cualificación, por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

La detención del empresario se produjo en la zona de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona. La oficina de la última sociedad creada por el acusado se hallaba en un piso de la calle Fundadores de la Cooperativa, que carecía de cualquier rótulo o elemento identificativo, con el objetivo de que pasara desapercibida.

La mayoría de los empleados contratados para ejercer de vigilantes eran cubanos y marroquíes. El empresario R.G.E.M. fue imputado por los delitos de intrusismo, falsificación de documento privado, amenazas, estafa, asociación ilícita, insolvencias punibles y delito contra los derechos de los trabajadores.

Además, como imputados figuran cuatro individuos más, que ejercían como testaferros en las diferentes empresas. Los policías nacionales intervinieron diversos vehículos y precintaron varios inmuebles.

Los empleados eran aleccionados por el detenido, que les pagaba salarios muy inferiores a los estipulados para los vigilantes de seguridad. En algunos casos, el arrestado llegó a dejar de pagarles sus sueldos en varias ocasiones y los trabajadores llegaron a estar en sus puestos durante 12 horas seguidas. Además, R.G.E.M. ofreció a empresarios hoteleros un servicio de transporte de dinero, que podía mover entre 100.000 y 200.000 euros cada semana, que era realizado en vehículos sin distintivos ni medida de seguridad alguna.

Cuando el empresario venezolano recibía alguna sanción administrativa, daba de baja a su empresa en el Registro Mercantil y abría otra, a la cual transfería a los trabajadores y los recursos materiales. Así, el individuo llegó a crear siete sociedades diferentes. Según los policías nacionales, los beneficios obtenidos eran invertidos en crear negocios "limpios", como restaurantes o cafeterías, donde supuestamente "se lavaba" el dinero procedente de la seguridad privada. El Grupo de Seguridad Privada contó con la colaboración de la Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife y el colectivo de vigilantes de seguridad "Vigías".

http://www.eldia.es/2011-10-01/SUCESOS/1-Detenido-San-Miguel-dueno-empresa-ilegal-seguridad-privada.htm

Este tipo de noticias todavía se entienden más positivas si cabe, en los tiempos tan duros por los que atraviesa actualmente, la seguridad privada.
Sin duda alguna ha sido una gran labor, que de no ser tan esporádica como muestran las evidencias, posiblemente nuestro sector se encontraría gozando de una salud bastante más fuerte.
Espero que este asunto no se quede aquí, y la policía continúe luchando contra uno de los grandes males del sector, llamado "intrusismo profesional".

- La noticia es muy buena (no hay duda de ello), pero tampoco es necesario colgar la misma información contada por los distintos periódicos existentes, mas que nada para no repetirnos