PLAN DE REDUCCIÓN DE GUARDAESPALDAS POR EL FIN DE ETA
La retirada de escoltas a los viceconsejeros reduce la seguridad a su nivel más bajo
La protección queda reservada a consejeros, parlamentarios, líderes de partidos, jueces y algunos empresarios.
LA CIFRA
1.000 escoltas privados prestan sus servicios en el País Vasco a ciudadanos amenazados por ETA y cargos institucionales, según la Asociación de Escoltas en Activo.La seguridad privada, en sus niveles más bajos. El lehendakari, Patxi López, certificó ayer lo que este periódico avanzó el pasado 29 de diciembre: el Ejecutivo autónomo retirará la escolta a la totalidad de los viceconsejeros del Gabinete socialista, dentro del plan para reducir a la mínima expresión el número de guardaespaldas destinados a la protección de colectivos amenazados por ETA. La campaña de revisión de los sistemas de vigilancia arrancó hace un año, tras el comunicado en el que la banda declaraba un alto el fuego «permanente, general y verificable», y se ha intensificado tras el «cese definitivo de la actividad armada» decretado a finales del pasado octubre.
«Pasado mañana (por el domingo) se quitan los escoltas de los viceconsejeros de este Gobierno, que tomó posesión, recordadlo, con una amenaza directa de ETA», advirtió ayer Patxi López en alusión a que poco después de su toma de posesión la organización terrorista amenazó al Ejecutivo y a sus integrantes, a los que situó como objetivo directo de sus acciones. Casi tres años después, insistió el lehendakari, la sociedad vasca y los miembros del Gobierno autónomo «sois, somos todos, mucho más libres».
La ausencia de actividad por parte de ETA y el anuncio de que pretende dejar las armas ha llevado a la Administración de Vitoria a eliminar de forma paulatina la escolta a los diferentes colectivos amenazados. Desde exconcejales a ex altos cargos, pasando por periodistas hasta llegar ahora a los viceconsejeros. Alguno de los afectados había renunciado, incluso, a la protección antes de que se estudiara su caso.
A partir de ahora, según fuentes de Interior, mantendrán la seguridad privada algunos parlamentarios, los líderes de los partidos políticos, algunos altos cargos de la judicatura vasca y varios empresarios. El lehendakari y sus consejeros estarán protegidos por los servicios especiales de la Ertzaintza.
El Departamento vasco de Interior no descarta, incluso, nuevas actuaciones siempre desde el «análisis individual» del «riesgo» que corre cada amenazado. Las fuentes consultadas apuntan, en este sentido, hacia los parlamentarios y magistrados que, en la actualidad, disponen de dos escoltas a su servicio. Aunque en ningún caso se les retirará por completo la protección, sí cabe la posibilidad de que se les asigne un único guardaespaldas, además de activar diferentes sistemas de «contravigilancia». Los posibles cambios no tienen fecha concreta ni están actualmente sobre la mesa, sino que dependerán de la «evaluación continua» que los responsables policiales vienen realizando sobre los colectivos amenazados.
Reunión con el ministro
El consejero Rodolfo Ares pretende, en este sentido, abordar esta materia con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la reunión que ambos mantendrán en Vitoria el próximo día 24 de este mes. Ambas administraciones se han repartido los servicios de protección y han actuado de manera coordinada, sobre todo tras la llegada del PSE a Ajuria Enea.
Los cambios en la seguridad ha provocado, por otra parte, reducciones en las plantillas de las empresas privadas que prestaban estos servicios. De las siete compañías que trabajan en Euskadi, cinco se han visto obligadas a recurrir a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ante la caída del trabajo. Según la Asociación de Escoltas en Activo, en la actualidad, entre 800 y 1.000 profesionales trabajan como escoltas en Euskadi. En 2009, la cifra superaba los 2.500. Sólo en el mes de enero calculan que la pérdida de empleos asciende al millar.
Enlace y vídeo