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MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El centro de protección para la atención a menores con trastornos de conducta de Picón de Jarama, en la Comunidad de Madrid, encierra a los chavales ingresados hasta 72 horas en salas de castigo, una humillación que se repite en la mitad de los seis centros de estas características que existen en la región en otras modalidades, como las contenciones físicas de gran violencia.

Así se desprende del informe monográfico sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social elaborado por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y que será remitido a la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con la entidad.

Según el texto, que analiza 27 de los 58 centros existentes en todo el país, algunos tienen salas de contención o aislamiento, donde los chavales deberían permanecer unos minutos para garantizar la seguridad e integridad física del personal y de los ingresados en una situación de tensión.

Sin embargo, en el centro de Picón de Jarama, los menores explicaron al Defensor del Pueblo que "la estancia puede prolongarse hasta 72 horas, con salidas de una hora al patio cada 24 horas", a pesar de que el máximo admitido por la dirección del centro es de un día de reclusión.

Además, y aunque los expertos del Defensor no pudieron constatarlo visualmente, los chavales les hablaron de la existencia de una 'sala de tiempo fuera', de reducido tamaño, con las paredes cubiertas de goma negra y sin ventanas, donde llegan a permanecer en ocasiones hasta una hora.

En cualquier caso, ésta no es la única humillación a la que se somete a los jóvenes con problemas psíquicos que están ingresados, quienes sufren en muchas ocasiones prohibiciones de asistencia a centros escolares, de salida al patio durante una semana, desnudos integrales sin justificación y sin permiso del juez, o donde incluso son maniatados.

Así, por ejemplo, en el mismo centro de Picón de Jarama se realizan las contenciones violentas incluso a los ingresados más pequeños, consistentes en mantener al niño "contra el suelo y bocabajo, y con un exceso tal de agresividad que, en ocasiones, provoca lesiones físicas". Además, los chavales denuncian que tanto el personal de seguridad como los educadores "juegan a veces a hacer contenciones".

UNA DOCENA DE DENUNCIAS

Esta situación ha llevado a que muchos de estos centros tengan varias denuncias en su contra por episodios de violencia. En el caso de Picón de Jarama, por ejemplo, un menor presentó una denuncia el pasado 10 de julio manifestando que, tras una discusión con una compañera, los vigilantes del centro lo habían llevado a su habitación y lo habían "reducido a la fuerza", metiéndolo en un cuarto de castigo en el que "los vigilantes y un tutor se abalanzaron sobre el menor para que no pudiera escapar, dejándole sin respiración y llegando casi a ahogarlo".

Dos meses más tarde, el Instituto Madrileño del Menor y la Familia recibió otra queja de un menor que decía haber sido atacado por un empleado de la seguridad, que le asestó "dos golpes en la cabeza con la plaqueta mecánica utilizada para detectar metales en los cacheos", lo que le ocasionó una brecha con diagnóstico de traumatismo encefalocraneal. "No sólo no llevaron al niño al médico, sino que se le dejó toda la noche aislado y sin supervisión médica", continúa la queja.

El caso más sangrante en la Comunidad de Madrid es el del centro Tetuán, gestionado por la Fundación Internacional O'Belén y ya cerrado por el Defensor ante las múltiples irregularidades que presentaba. Entre otras cosas, en estas instalaciones se cerraban las puertas blindadas de las habitaciones durante las horas de descanso nocturno.

En una ocasión, una menor encerrada sufrió un ataque de pánico y solicitó salir pero, al no ser escuchada, comenzó a dar patadas contra la puerta y, presa del terror, la joven empezó a "cortarse los brazos con la cuchilla de un sacapuntas", siendo finalmente reducida "de forma contundente", retorciéndosele el brazo y pisándole el cuello y la cabeza contra el suelo. Finalmente hubieron de intervenir tanto los bomberos como la policía, y se produjo un motín con diversas fugas.

DOS CASOS DE SUICIDIO

Las puertas también quedan bloqueadas en el centro Picón de Jarama, donde un niño intentó ahorcarse con una sábana, y donde otro protagonizó varios intentos de suicidio tragándose un lapicero y unas llaves.

El caso más lamentable es el de un menor marroquí de 13 años que, el 2 de diciembre de 2008, falleció en circunstancias aún poco claras mientras estaba en el mismo alojamiento. De hecho, este suceso fue el que motivó que el Defensor del Pueblo ampliara su investigación de las regiones de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia a todo el territorio nacional.

Las rejas en las ventanas son otro de los habituales en los centros de atención a menores con trastorno de conducta. En concreto, de las instalaciones de la Comunidad de Madrid al menos dos --La Berzosa y Sirio I-- las tienen. De hecho, en el segundo "las ventanas tienen barrotes y las puertas carecen de picaportes, de modo que sólo pueden abrirlas los educadores", según relata el informe.

Además, en el centro de Picón de Jarama "los educadores hacen habitualmente uso de lo que llaman 'collejas educativas'", y hay contratado personal de seguridad para que controlen a los chavales cuando se produce alguna crisis.

De hecho, "a veces, la falta de formación de los educadores para responder a ciertas conductas de los menores propicia el abuso de las contenciones y sanciones, ante la incapacidad de ofrecer una respuesta pedagogía", algo que, por ejemplo, en el centro de Picón se traduce en encierros "diarios" o de hasta 72 horas. "Les damos la razón a los educadores para sobrevivir y que nos dejen en paz. No nos enseñan valores y principios útiles para vida", critican los menores.

FALTA DE RECURSOS

Otro problema de este tipo de instalaciones es la falta de recursos frente al incremento de menores ingresados. Así, los profesionales señalan que "hay un gran número de menores que circulan de centro en centro y no acaban de encontrar una respuesta acertada a sus necesidades".

Esto provoca retrasos en la aplicación de los programas, por lo que los chavales acaban pasando más tiempo del recomendado teóricamente en estos centros. Por ejemplo, mientras la media efectiva de permanencia se sitúa entre el año y los dos años en la mayoría de los centros, algún chaval ha llegado a estar hasta cinco años en Sirio I.

Llaman también la atención algunos métodos de control de los niños. Por ejemplo, en el centro Santa Lucía de Madrid, pese a ser el mejor valorado, se suministra a los jóvenes diez cigarros diarios, canjeables por dinero. La dirección alega que, dada la adicción que muchos tienen a otras sustancias, no se ve aconsejable prohibirles el tabaco, aunque se les motiva para que dejen de fumar.

También es curioso que, en el mismo centro, la falta de medidas de seguridad facilita que los menores se escapen sin dificultades, en muchas ocasiones por "razones amorosas" que la dirección tolera para hacer que se sientan "libres". En muchos casos, la policía ni siquiera realiza una búsqueda activa y son los trabajadores de las instalaciones los que deben encontrar a los menores.

En la Comunidad de Madrid existen seis centros de este tipo (10 por ciento del total nacional) que suman 129 plazas (19 por ciento del total). Adscritos al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, deben garantizar, entre otras cosas, la integración de los jóvenes en los recursos escolares, culturales, asociativos y sanitarios, así como garantizar su escolarización.