Las pequeñas salas de testigos sólo se abren si lo piden los afectados

En la Ciudad Judicial de Barcelona del siglo XXI se sigue incumpliendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX. Víctimas, acusados y testigos aguardan juntos y revueltos en un inmenso pasillo mientras esperan entrar a juicio. Los juzgados de lo penal de las nuevas instalaciones disponen de unas pequeñas salas de testigos con tres sillas, pero no se abren si no lo piden los afectados. O sea, prácticamente nunca. Eso origina, por ejemplo, que agresores y agredidos, incluyendo los casos de violencia doméstica, aguarden en el mismo espacio el tiempo que haga falta hasta que se les llame.

En la primera planta de la Ciudad Judicial existe otra sala para 30 personas, con sólo seis sillas, pero tampoco funciona. Como las salas de vistas de los juzgados de lo penal están dispersas en tres plantas y no existe una para cada juzgado, como ocurría antes, debería haber un funcionario que únicamente se dedicara a comunicar a los testigos a qué planta y qué sala deben ir a testificar para que esa sala de espera pudiera ponerse en marcha. Y lo mismo sucede con otra gran sala para testigos protegidos que está en la planta baja de la Ciudad Judicial, con capacidad para 90 personas.

"Los testigos que hayan de declarar en el juicio oral permanecerán, hasta que sean llamados a prestar sus declaraciones, en un local a propósito, sin comunicación con los que ya hubiesen declarado, ni con otra persona", dice el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882 y que sigue sin cumplirse, tal como aún recuerda José María Mena, ex fiscal jefe de Cataluña. "Las salas de testigos existen y si no se utilizan es porque no las abren los funcionarios de los juzgados", explica Francesc Giménez Gusi, gerente de la Ciudad Judicial.

Con todo, se trata de una más de las disfunciones judiciales que no ha solventado el nuevo equipamiento, que costará 388 millones de euros.

Los tres equipos de videoconferencia que se utilizan para que declaren los testigos desde cualquier rincón de España sin necesidad de acudir a juicio son los que ya existían. Son insuficientes y no funcionan siempre, lo que ya está causando la suspensión de juicios.A la vista de la falta de equipos de videoconferencia y de su deficiente funcionamiento, los jueces de lo penal han prescindido de ese sistema, por lo que citan a los peritos y a los policías a que acudan a juicio. En ocasiones tienen que recorrer centenares de kilómetros para declarar unos segundos y ratificarse en el informe que hicieron en su día, pero es la manera de asegurar su presencia que, en caso de no producirse, podría provocar la suspensión de la vista o el riesgo de nulidad.

"Es posible que haya que instalar equipos de videoconferencia en todas las salas, pero hasta ahora no se ha suspendido ningún juicio por no tenerlos disponibles", explica Giménez Gusi. Los jueces de lo penal lo niegan.

Más allá del uso de la tecnología, otra crítica a la nueva Ciudad Judicial es la falta de espacio y la sensación de apretujamiento en muchas dependencias. Los juzgados de guardia, por ejemplo, son mucho más reducidos que los que se hicieron en 1992 en el paseo de Lluís Companys. Apenas ha transcurrido un mes de las nuevas dependencias y los jueces de instrucción ya reclaman a la Generalitat una "remodelación integral" de esa zona, en la que, por ejemplo, no existe ni una ventana exterior. Y no son sólo unas dependencias reservadas a jueces y abogados, sino que cualquier ciudadano ha de ira allí si quiere presentar una denuncia.

"¿Qué quiere decir remodelación integral? Se estudiará el coste y los presupuestos de lo que se reclama", explica Giménez Gusi, quien reconoce la falta de espacio en esa zona y en las dependencias de los juzgados de instrucción. Se han colocado ocho en cada planta, también en un enorme pasillo y espacios abiertos. En la parte central el nivel de ruido es tan elevado que ya se están haciendo mediciones por si se superan los límites permitidos. La situación es especialmente acuciante en la zona central, donde confluyen los mostradores de atención al público y se agolpan ciudadanos, abogados y procuradores preguntando por su caso, normalmente a un solo funcionario.

Giménez Gusi reconoce que entre las 10 y las 12 horas el nivel de ruido es muy elevado y que se están estudiando diversas soluciones. Entre ellas, prohibir el uso del teléfono móvil. Esos espacios abiertos generan también un problema de seguridad en la custodia de los expedientes, de manera que quedan en las mesas de los funcionarios al alcance de cualquiera si el juzgado está de guardia. Y como cada día entran cinco, se ha optado por destinar un vigilante de seguridad en esos casos que se ha de ocupar de dos plantas. Ya circula la leyenda en la Ciudad Judicial que un grupo de delincuentes se paseó por unos juzgados hace unos días cuando estaban vacíos, pero las cámaras de seguridad no lo han podido confirmar.

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