La mesa de la consulta hizo de parapeto para que el doctor Rafael Ortiz, de Granada, no recibiera el puñetazo de una paciente. La mujer descargó entonces su ira tirándole la pantalla del ordenador, el médico tuvo reflejos y la esquivó. Nueve órdenes de alejamiento, una de ellas que condena al agresor a no acercarse al médico afectado en un periodo de dos años a menos de 100 metros, y hasta un año de prisión son algunas de las penas ya impuestas en Andalucía a personas que han agredido a personal sanitario.
En 2006, los jueces unificaron criterios para que los médicos tuvieran en Andalucía la consideración de autoridad. Así, si son agredidos se puede cometer un delito de atentado contra funcionario público, lo que puede suponer condenas de dos a cuatro años de prisión. En lo que va de año se han producido 15 sentencias con esta pena y en 2008 sólo hubo cinco, algunas de ellas han sido recurridas.
El doctor Rafael Ortiz sufrió la agresión el pasado marzo, la denunció y está pendiente de juicio para diciembre. No todas las agresiones tienen la misma relevancia, y algunas se pueden quedar en faltas, pero la concienciación jurídica ha promovido que cada vez haya más calificaciones por delito de atentado contra la autoridad pública. Los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) promovieron entre enero de 2008 y agosto de este año 85 condenas por agresiones sufridas a los profesionales, 20 de ellas por delito de atentado y el resto por delito de amenazas, falta de lesiones y otras faltas.
Sindicatos, colegios de médicos, y consejerías trabajan desde hace tres años para que los profesionales sanitarios denuncien las agresiones, lo que está provocando a su vez un aumento de sentencias. Manuel Pérez, secretario general de Sanidad de CC OO en Andalucía, lo corrobora. "Entre todos estamos consiguiendo que este problema salga a la luz, pero todavía queda trabajo por hacer. Hay muchos que aún no se atreven a denunciar, y es fundamental".
El SAS puso en marcha en abril de 2005 el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para el que ha destinado más de 89 millones de euros. El presupuesto para 2009 es de 25 millones de euros, un millón más que en 2008. Los profesionales han sido indemnizados en este periodo con cerca de 25.000 euros, y el SAS, por daños materiales con cerca de 9.000 euros. Además hay dispuesto un protocolo de actuación en caso de agresión con asesoría jurídica, apoyo psicológico, y si se estima conveniente, traslados a otros centros sanitarios.
El objetivo del presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Carlos González-Villarel, es que no se lleguen a producir las agresiones. "El plan de prevención es estupendo, pero hay que concienciar a la gente para que no se llegue a la agresión, informarles de que si tienen algún problema, vayan a reclamar. También pedimos que se aumenten las fuerzas de seguridad y las medidas disuasorias", declara.
El plan del SAS cuenta con 823 timbres antipático, 1.352 interfonos, 647 cámaras de vigilancia y 303 vigilantes de seguridad. Han podido servir. De enero a junio de 2009 se han registrado 404 agresiones y en 2006 fueron 1005, de 100 millones de actuaciones que se realizan cada año en los centros sanitarios públicos.
La mujer que intentó agredir al doctor Ortiz estaba disconforme con que el médico solicitara ayuda a un psiquiatra para tratarla. "Me dijo que cómo me atrevía a pensar que estaba loca. Y a los días, volvió a la consulta sin previo aviso, dio un golpe en la puerta, que la dejó rota, y se abalanzó sobre mí", cuenta Ortiz. "Lo primero que te ocurre es que te sorprendes, después te sientes indignado y por último no entiendes porqué ha podido pasar", recuerda. "Lo más fuerte es el impacto emocional". Otros pacientes que esperaban en la sala y dos médicos sujetaron a la mujer, incluso Ortiz intentó calmarla, cuenta. "Pero rápidamente llegó la policía y se pudo ver todo en las cámaras".
El doctor Rafael Ortiz, tras sufrir el intento de agresión, prestar declaración y poner la denuncia, siguió pasando consulta esa tarde. "La solución no puede ser huir. Los médicos no tienen más prestigio social que nadie, pero hay que validarlo. Sobre todo trabajando como funcionario público".
Causas y penas de una agresión
Los centros de salud y los servicios de urgencias son los que más agresiones registran a personal sanitario. "Es donde suceden las situaciones más tensas", apunta Manuel Pérez, secretario general de sanidad de CC OO en Andalucía.
Las causas primordiales por las que los pacientes se ponen más agresivos, según un informe del Colegio de Médicos de Sevilla, son por que los pacientes no se sienten bien atendidos o no les dan lo que piden, como bajas laborales. También se quejan por el tiempo de espera e influye la situación en la que llegan algunas personas, por ejemplo, intoxicadas o drogadas. "Esta situación provoca bajas a muchos médicos porque les da miedo y angustia ir a trabajar, hay casos en los que han llegado a amenazar incluso a hijos de profesionales. Además, a la consejería no le conviene tener médicos de baja", cuenta Carlos González-Villarel, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla.
Borja Mapelli, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, explica que una agresión contra un funcionario público considerado de autoridad es un doble delito realizado en una misma acción. "Por un lado está el delito de lesiones, común para todas las personas, y por otro el de atentado a la autoridad pública, como ocurre con los policías. Es una sola conducta que concurre y da lugar a varios delitos", explica.
"Para juzgarlo se elige de los dos delitos, el que tiene la pena más grave y la condena definitiva se impone con la mitad de la mayor condena".
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