Las empresas de seguridad cobran medio millón de euros al mes a la flota atunera. La mitad de la factura la paga el Estado y la otra, las casas armadoras

REDACCIÓN - VIGO Las empresas de seguridad contratadas por las armadoras de los buques atuneros que faenen en aguas del Océano Índico cobran medio millón de euros al mes por su vigilancia de los barcos. Según datos aportados por las propias navieras, y de los que se hizo eco el diario “El Mundo”, la flota pagaría medio millón de euros, de los cuales la mitad la paga el Estado, a cuenta de los Presupuestos Generales, mientras que la otra mitad la afrontaría el armador.

De los cerca de 250.000 euros de la aportación gubernamental, la mitad la pagarían las dos comunidades autónomas implicadas en la flota –sede de la armadora, procedencia de los tripulantes, etc.–, en este caso Galicia y el País Vasco, y la otra mitad sí la aportaría la Administración Central.

Los cálculos de las casas armadoras fijan un gasto mensual por cada uno de estos escoltas de 9.500 euros, sueldo en el que se incluye el salario con todos los conceptos y la cotización a la Seguridad Social. Así cada propietario de un barco pagaría 38.000 euros a la empresa de seguridad por los cuatro escoltas que llevan a bordo, lo que supone un total de 494.000 euros mensuales para toda la flota atunera del Índico.

El debate sobre la escolta

En paralelo al coste de las labores de seguridad y vigilancia en los barcos de la flota atunera española que faena en el Índico, el debate se centra en si los atuneros deberían tener a bordo a los escoltas privados o a infantes de la Marina española. Organizaciones que agrupan a los armadores de la flota atunera y partidos políticos son partidarios, en su mayoría de contar con los militares dentro de los pesqueros.

El argumento principal para defender la presencia de militares es aportado por el PP. El principal partido de la oposición se muestra favorable a embarcar infantes de Marina al considerar que muchos de estos especialistas de la Armadapermanecen acuartelados a la espera de una misión, cobrando del Estado y trabajando en otras labores. Los armadores estarían dispuestos a sufragar los sobrecostes que le supongan al Gobierno español el destino de estos soldados a bordo de los barcos, como las dietas, la manutención o el coste del entrenamiento específico de estos militares. Fuentes consultadas por el diario madrileño aseguran que la Armada no ve con malos ojos este planteamiento, “dolida por la imagen de fracaso que dio la operación desplegada para intentar detener a los piratas que capturaron el “Alakrana” y lo retuvieron durante 47 días”. El PP asegura que las leyes españolas e internacionales no impiden que la Armada asuma estas tareas de vigilancia.

Entre los partidos que defienden la presencia de infantes de Marina en los buques de la flota atunera está el Bloque Nacionalista Galego. Para el BNG es preferible embarcar militares para que se encarguen de la seguridad y en prevención de los ataques de piratas, que mantener a los agentes de seguridad privados, por las dudas sobre su preparación.