El próximo viernes se concentrarán en Madrid ante Interior para exigir una reforma de la Ley
HOY. CIUDAD REAL
Los vigilantes de seguridad se concentrarán el próximo 26 de septiembre
en Madrid para solicitar al Ministerio del Interior la elaboración de
un nuevo reglamento en materia de seguridad privada con el objetivo de
conseguir la profesionalización del sector.
La iniciativa surgió hace un año cuando José Manuel Pan Álvarez,
vigilante de seguridad hace seis años, junto a otros compañeros, inició
una caminata desde Málaga hasta Madrid para mantener una entrevista con
director del Gabinete del Ministro del Interior. Ahora, se ha
solicitado una nueva audiencia para continuar las conversaciones que en
su día se iniciaron y para poder presentar sus propuestas apoyadas por
más de 2.000 firmas de profesionales.
Pan Álvarez, que visitó ayer Ciudad Real, explicaba a El Día que el
sector está debidamente regulado por la Ley de Seguridad Privada
23/1992 y por el Reglamento de Seguridad Privada, sin embargo, la ley
no se cumple con rigor y se ha quedado obsoleta tras 16 años de su
aprobación. “Queremos que se cumpla la Ley, no que por cuestiones
económicas o corporativismo el vigilante se ponga a colocar carritos en
un centro comercial o a hacer fotocopias. Tenemos nuestras funciones.”,
añadía.
Una de las principales preocupaciones de este colectivo es el
intrusismo laboral que sufre el sector. Pan Álvarez manifestaba que
está fomentado por las denominadas empresas de servicios que crecen al
amparo de las de seguridad.
Para poder ser vigilante se debe superar satisfactoriamente un curso de
formación en una academia homologada, poseer nacionalidad de la Unión
Europea, un mínimo nivel formativo, superar unas pruebas físicas y
teóricas en la Dirección General de Policía, certificado médico y
acreditar estar libre de antecedentes penales.
A los auxiliares o controladores de empresas de seguridad no se les
exige ninguno de estos requisitos. El problema es que al trabajar en
una empresa de seguridad la sociedad suele confundir a los vigilantes
con los controladores. A pesar de llevar un uniforme similar, los que
no son vigilantes no llevan la placa identificativa y no pueden
desempeñar las funciones propias de un vigilante.
Centros comerciales
Un ejemplo de ello suele apreciarse en los centros comerciales. La
mayoría suelen ser auxiliares que no poseen la placa de vigilante o la
tarjeta de identidad profesional y aún así ejercen como tales cuando se
produce un hurto. “El ciudadano de a pie no lo sabe, pero los
auxiliares pueden estar vulnerando sus derechos si les piden el DNI o
les piden que les muestren el bolso, eso está prohibido”, indicaba.
Luis Fernando Adán, vigilante de seguridad de un edificio público de
Ciudad Real, destacaba que conoce muchos casos de intrusismo en la
capital. “Ya no tanto en los edificios públicos pero sí en las empresas
privadas como tiendas u obras. Hay controladores ejerciendo funciones
de seguridad cuando no deberían hacerlo”, matizaba.
Para Adán el hecho de que desaparezca el intrusismo laboral no sólo
sería beneficioso para los propios profesionales sino también para los
ciudadanos. “Saldrían ganando, yo he visto a los controladores tratar
mal a la gente, registrando bolsos o echando a la gente de
establecimientos a patadas y a empujones, dan muy mala imagen”,
indicaba.
Luis Fernando García, vigilante de seguridad desde el año 1993,
coincidía al señalar que debería estar regulado para evitar que “se
cuele “ gente que no es vigilante. “Hay algunos controladores que
cobran incluso más que un vigilante porque hacen más horas”, decía.
García incidía también en la importancia de la formación, “para ser
vigilante no te ponen las cosas difíciles, se cuela demasiada gente,
deberían exigir más formación y más requisitos de comportamiento.
Tendría que estar más profesionalizado y bien remunerado, porque el
convenio está congelado desde hace años”, puntualizaba.
En relación al intrusismo laboral, el colectivo pedirá al Ministerio
que se endurezcan las sanciones a las empresas en sus grados máximos y
se comience a aplicar el Código Penal en su artículo 403, relativo a la
usurpación de funciones públicas e intrusismo. Además, exigen por parte
de la Unidad central de Seguridad Privada y de las Unidades
Territoriales más colaboración y control en las inspecciones a las
empresas de seguridad.
Otra de las peticiones es que se les devuelva el carácter de agente de
autoridad que hace varios años sí ostentaban. Pan Álvarez sostenía que
consideran que no hay que olvidar que en la mayor parte de sus
servicios realizan funciones públicas y algunas de ellas se asemejan o
igualan a los Cuerpos de Seguridad del Estado.
“Es necesario que se nos considere agentes de la autoridad para que la
gente nos respete más. A veces se cachondean de nosotros porque saben
que no les va a pasar nada al no estar considerado un delito”,
precisaba Adán. “Estamos muy limitados y sabemos que en un juicio te
puedes dejar la placa”, aseguraba García.
Para Pan Álvarez, supondría dar más cobertura legal y jurídica a sus
actuaciones al aplicarse además la presunción de veracidad ante
denuncias administrativas, aplicables al intrusismo profesional; “Esto
unido al agravante penal que ello implica en las malas intervenciones
por parte de los vigilantes que se pudieran efectuar, completaría mayor
profesionalidad en el trabajador de la seguridad privada y el ciudadano
se vería más protegido al no ver degradados sus derechos
fundamentales”, concluía.
El colectivo manifestará también en Madrid su desacuerdo con las
políticas de contratación que la Asociación Profesional de Compañías
Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), patronal del sector.
http://www.eldiadeciudadreal.com/noticia.php/10403
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