Babia suplica a la Junta garantías de protección ante la invasión asturianaLos pueblos babianos solicitan al gobierno autonómico que tome medidas contra la función de policía que Mieres impodrá en Pinos con guardas forestales
Vista general de la finca de Pinos, con casa Mieres al fondo.
23/02/2010 L. URDIALES | REDACCIÓN
Babia espera un gesto de consideración de la Junta de Castilla y León, o en su defecto y si fuera necesario del Ministerio del Interior, para con los pueblos con derechos sobre el puerto de Pinos ante la intención de Mieres de contratar guardas forestales para controlar la finca.
Las Juntas Vecinales de Villargusán, Candemuela y Pinos exigen a la Junta garantías de protección legal para sus intereses en el caso de que Mieres haga realidad su propósito de vigilar con seguridad privada un espacio que está dentro de los límites de la provincia leonesa. Ante esa injerencia, exponen a Eduardo Fernánez: «Que la Junta de Castilla y León adopte las medidas administrativas necesarias para impedir que el Ayuntamiento de Mieres ejerza competencias de policía dentro de nuestra comunidad autónoma, y si
pretende contratar guardas particulares de campo para vigilar y proteger los pastos del Puerto de Pinos de las Juntas Vecinales Babianas, que se compruebe la legalidad de esa contratación o nombramiento».
En el escrito, que ante tanta insistencia eleva ya el requerimiento de los babianos al nivel de súplica, -”casi por compasión tras cuatro años de conflicto en el que la Junta no ha sabido resolver el conflicto territorial-” se subraya la gravedad de las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de Mieres: «lo que hoy resulta más grave, es que Mieres va a contratar para la temporada ganadera 2010 unos «Guardas», para vigilar los pastos del Puerto de Pinos. La Junta de Castilla y León tiene que poner fin a esta situación antijurídica y adoptar las decisiones administrativas necesarias para que los derechos históricos de las Juntas Vecinales a las que represento no se vean vulnerados», exponen. «Es obvio que la Junta de Castilla y León debe comprobar que quienes ejerzan funciones de vigilancia o de Guardas Particulares de Campo cumplan con la normativa, y si no se cumple, dar parte al Ministerio del Interior», finalizan los damnificados en León.
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