Madrid, 3 de octubre de 2008

Mientras el Gobierno se empecina en loar las virtudes de nuestro
sistema económico y pretender suavizar la desastrosa situación
financiera que atraviesa el país con esperanzas en las que
sinceramente, ya no creen ni tan siquiera quienes las enarbolan a modo
de tabla de salvación, a fin de cuentas “es lo último que se pierde”,
la cosa parece que se complica si cabe más y por momentos.

Los Guardias Civiles que en toda España defienden nuestra seguridad, la
integridad de nuestros bienes y familias, el cumplimiento de las leyes
y en definitiva el “Estado de Derecho”, en la pasada temporada estival
(como todos los años), han reforzados con cientos de miembros todas las
costas españolas y lugares de especial interés, tanto turístico como
estratégico en lo que viene a denominarse “Operación Verano” para que
las mayores afluencias de turistas foráneos y propios dispongan de una
adecuada seguridad en su tiempo de asueto.

Estos servidores públicos que deben abandonar a sus familias, sus casas
y su quehacer más cotidiano, se desplazan a esas “concentraciones”,
donde teóricamente las “dietas” de su alojamiento y manutención corren
por cuenta de la Guardia Civil (Estado en última instancia).

Paradójica e incomprensiblemente son los propios Guardias Civiles
quienes deben en la mayoría de las ocasiones abonar de su propio
bolsillo los gastos inherentes a dichos desplazamientos temporales,
dándose la kafkiana situación de tener que pagar por trabajar, gastos
que si bien son reembolsados (a posteriori y sin la debida celeridad)
por la Guardia Civil, ocasionan una evidente situación de perjuicio a
las ya de por sí maltrechas economías de estos guardias civiles, tanto
si es así que inclusive algunos han debido dejar sin abonar las
facturas de los hoteles por no haber cobrado las cantidades anticipadas
(que por Ley les corresponde) para afrontar los mismos, asumiendo
“particularmente”, deudas del Estado.

Esta circunstancia obliga a servidores públicos a tener que responder
de modo personal de lo que es una “deuda pública”, ese agente no está
de vacaciones, está trabajando y los gastos de tal cometido están
previamente autorizados, por lo tanto porqué deben pasar vergonzosas
situaciones en las que responsables de hostelería les reclaman deudas
que en ningún caso son achacables a su vida particular.

Lo expuesto se repite de manera sistemática y lamentablemente endémica
en todas las comisiones de servicio, en las que los Guardias Civiles
deben pagar por adelantado y de “su bolsillo”, gastos (en ocasiones
cuantiosos) para escoltar detenidos, presos, formación, refuerzos en
Unidades que lo precisen, salidas fuera de su Unidad en España, al
extranjero, operaciones especiales y de modo general, en cada ocasión
que la Ley les ampara para su percepción.

Va siendo hora que los distintos Gobiernos tomen conciencia de que la
“cuerda al final se rompe” y que mermar la motivación de Guardias
Civiles penosamente retribuídos, comparativamente agraviados con el
resto de Cuerpos Policiales y a años luz de la más mínima lógica, nada
bueno aportará a la actual situación de malestar generalizado.

Los Guardias civiles están hartos y cansados de escuchar promesas,
basta ya de jugar con nuestro dinero y si quieren trabajar no ya
gratis, sino pagando…… vayan Vds. que esto en cualquier lugar del mundo
civilizado es impensable.

Lo cierto es que lo cuentas y cualquier ciudadano (con un mínimo de
ética), no se lo cree, pero mucho me temo que es nuestra más patética
cotidianeidad y no se llamen a engaño, “aquellos vientos, traerán estas
tempestades”, están jugando con la seguridad de todos, si no, al tiempo.




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