Así lo solicitó ayer al pleno el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, quien contestó en nombre del gabinete a la moción de urgencia que sobre este punto concreto había presentado el Partido Socialista Obrero Español.
Reflejó el jefe del ejecutivo que en esta materia concreta se producía un problema con dos derechos fundamentales. Por un lado, el de los usuarios que han de tener garantizado su servicio hasta la citada barriada y en segundo lugar el de los propios trabajadores que han de contar con una tranquilidad a la hora de desarrollar sus cometidos, sin que se ponga en peligro su seguridad.
Reflejó que a lo largo de los últimos meses había tenido la oportunidad de reunirse con la propia empresa, los representantes de los trabajadores e incluso con la asociación de vecinos, así como con los técnicos especialistas en materia de seguridad.
De las conclusiones que se habían derivado de la misma se entendía que era mejor una solución adoptada con las brigadas cívico-sociales que con la llegada de vigilantes jurados.
Si especificó que era una medida que parecía había dado sus frutos, “pero estamos hablando de un tema, donde, desde luego, hay que tocar madera de manera constante”.
Si le dijo a la portavoz socialista que no descartaba ninguna posibilidad, pero que pensaba que debía ser incluido en una reunión de la Junta Local de Seguridad y que por esa razón iba a comentarle al delegado del Gobierno que lo incluyera en el orden del día de la próxima sesión.
Desde el punto de vista del presidentes es una buena oportunidad para que en una de estas reuniones, los técnicos presentes den su opinión sobre si la adopción de medidas de estas características tendría consecuencias positivas.

Una medida que estaría en manos de la misma empresa de autobús

Aunque es una cuestión que se abordó en la sesión plenaria, no puede olvidarse que la adopción o no de esta medida, en última instancia, estaría en manos de la propia empresa de autobuses que, en definitiva, sería quien tendría que correr con los mencionados gastos y que todavía no se ha pronunciado al respecto.
Por esta misma razón, el mismo presidente Vivas cuando se comprometió a presentarlo a la Junta Local de Seguridad, si dijo con anterioridad que también es obligatorio el paso previo de escuchar las opiniones de la propia empresa concesionaria del servicio, a los representantes de los trabajadores y además a la asociación de vecinos.
Es una situación que ahora mismo parece haberse calmado con la adopción de las medidas que se han tomado en las distintas reuniones que todas las partes realizan en la sede de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos.

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