Cerca de tres millones de euros debe el Consell que preside Francisco Camps a una empresa que durante cuatro años fue la encargada de la vigilancia de las principales sedes judiciales valencianas. La empresa, que atraviesa por serias dificultades económicas, ha reclamado judicialmente el pago de la deuda y ha denunciado a la Generalitat. Los vigilantes de seguridad prestaban en muchos casos sus servicios conjuntamente con la Guardia Civil.

La vigilancia de instalaciones judiciales como la Ciudad de la Justicia de Valencia o los palacios de justicia de Alicante, Castellón, Elche, Benidorm, Orihuela, Sagunto, Novelda o Elda, así como otras oficinas y archivos judiciales, se prestó entre marzo de 2007 y marzo de 2009 sin que existiera un contrato que diese cobertura al servicio. La empresa Grupo Cettsa Seguridad, SA, ganó el concurso en 2005 y su contrato, por un importe de 1,5 millones de euros, se prorrogó un año, como permite la ley. A partir de ese momento, a petición de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, que dirige Paula Sánchez de León, la compañía mantuvo el servicio a la espera de que se convocase un nuevo concurso. Este concurso fue ganado por otra empresa y cesó la actuación de Cettsa. Sin embargo, la firma de seguridad no ha cobrado el trabajo realizado prácticamente durante todo ese periodo, entre octubre de 2007 y marzo de 2009.

Antonio Gastaldi, director general de Justicia y Menor -que desde hace unos meses depende funcionalmente del consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ya que se hizo cargo de las competencias de Sánchez de León cuando esta asumió la coordinación de la campaña del PP- certificó en febrero de 2010 que facturas por un importe de 2,7 millones de euros correspondían a "servicios prestados" por Cettsa "como continuidad de los establecidos en las cláusulas administrativas particulares del contrato para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios y locales de diversos órganos judiciales de la Comunidad Valenciana". El director general añadía que "la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas procederá al pago de estas facturas una vez exista crédito presupuestario adecuado y suficiente".

Las dificultades para hacer frente a gastos corrientes e impagos lastran la Administración autonómica desde hace varios años, lo que ha generado protestas de acreedores y empresas concesionarias.

Miguel Ángel Evole, director de zona de Grupo Sequor, nombre actual del antiguo Grupo Cettsa Seguridad, reconoció ayer que su empresa denunció a la Generalitat en julio del año pasado para tratar de cobrar la deuda y los intereses de demora. "Nos pidieron que siguiéramos prestando el servicio hasta que lo sacaran a concurso", señaló Evole, cuya compañía cedió paso a un nuevo adjudicatario sin que el Consell haya liquidado sus honorarios.

"Hemos tenido que pedir aplazamientos de los pagos a la Seguridad Social", explicó el director de zona de Sequor, una empresa con una plantilla de unos 1.600 trabajadores. "Tenemos serias dificultades y probablemente no podremos hacer efectiva la paga extra de verano, lo que puede causar conflictos sociales con repercusiones en nuestros clientes". Los responsables de la empresa de seguridad, según explicó Evole, han tenido contactos al máximo nivel en diversas ocasiones con responsables de la consejería. "Tenéis razón, nos dijeron en una reunión", rememora el directivo. Pero no han cobrado.

Técnicos de la Administración reconocieron a este periódico que la prórroga por un año era perfectamente legal siempre que esa posibilidad figurara en el pliego de condiciones por el que se adjudicó el concurso, pero mostraron su extrañeza por las sucesivas prórrogas durante dos años más. "Lo normal", según señalaron a este periódico, "es que la prórroga no supere el plazo necesario para la redacción de un nuevo pliego de condiciones y la adjudicación del concurso".

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Consell/debe/millones/empresa/vigilaba/juzgados/elpepuespval/20110510elpval_2/Tes