CARLOS PREGO La combinación de seguridad y crisis tiene un resultado distinto en función del ámbito que se analice. Mientras el descenso de ingresos de los pequeños comercios ha llevado a parte de sus propietarios a prescindir de la seguridad privada –el sector ha experimentado una merma del 20% que achaca en parte a ese motivo–, las familias apuestan por adquirir alarmas y cámaras de vídeo vigilancia que mantengan sus hogares a salvo en vacaciones. Desde junio la compañía de seguridad Securitas Direct ha instalado 40 alarmas más que en 2010, un incremento del 22% que responde en su mayoría a residencias particulares. La patronal provincial del sector constata el "repunte" y habla de un aumento "de entorno al 10%" en los hogares.
La diferencia entre familias y negocios radica en la valoración del servicio ante la crisis. Según cálculos de la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia (Aesga), a lo largo del primer semestre del año 200 empresas dieron de baja sus servicios de seguridad privada en Pontevedra por "cese de actividad o eliminación de esa partida". "Están cerrando muchos negocios y los que se mantienen es frecuente que recurran a la cobertura de sus seguros", señala Miguel Ángel López, delegado provincial de Aesga. La compensación de las pólizas actúa así como el comodín al que acuden las empresas tras prescindir de las alarmas y los sistemas de seguridad.
"El comercio no está pasando por su mejor momento y si queremos mantener el empleo tenemos que recortar en otras partidas", reconocía ayer la presidenta de la Federación de Comerciantes de Vigo, Encarna Álvarez. Ante esa situación los autónomos valoran además la ausencia de "grandes robos" que obliguen a contratar o restablecer el servicio de seguridad privada. Otros, como los negocios instalados en áreas comerciales con vigilancia propia o los obligados por ley a mantener una cobertura obligatoria –farmacias, joyerías, loterías, gasolineras, etc.–, no se tienen que plantear la elección. La carga económica que puede suponer para un pequeño negocio la contratación de un servicio de vigilancia se entiende mejor al saber que su coste puede oscilar entre los 180 y 200 euros al año.
En el caso de las familias pesa más el deseo de preservar los hogares que las estrecheces económicas. Fuentes de la Policía Local confirmaban ayer un aumento destacado en la instalación de alarmas en domicilios particulares que Aesga sitúa en el 10%. Su presidente, Roberto Lage, achaca la tendencia al "repunte del verano". "La demanda crece por el miedo y las alarmas se instalan sobre todo en pisos. No es extraño que domicilios que llevan años habitados la contraten ahora", confirma López antes de apuntar "un aumento en la instalación de videocámaras en garajes". Desde la delegación local de Securitas Direct corroboran la información y calculan que el 77% de las alarmas que han instalado desde junio fueron a parar a hogares.
El resultado positivo que arroja la instalación de alarmas en residencias particulares permite salvar las cuentas del sector y lleva a Roberto Lage a avisar de que "la actividad no se ha hundido". "Ahora mismo hemos vuelto a niveles de facturación que teníamos en 2007 o 2008", concluye el presidente de Aesga. Desde el sector no todas las visiones son tan optimistas. "El descenso que estamos experimentando es muy importante. Es cierto que hemos instalado alarmas nuevas este verano, pero son menos que en años anteriores", reflexiona María del Mar Berdejo desde la empresa de seguridad Desecom. Su negocio constanta en cualquier caso las cancelaciones del servicio en negocios.