La seguridad privada exige al Ayuntamiento que acabe con el «intrusismo» en las obras
Las empresas critican que un grupo de gitanos haya asumido la vigilancia «ilegal» del polígono de Esmaltaciones

Un hombre pasa junto a una de las vallas que protege la obra de Esmaltaciones, que están «cuidadas por gitanos», según los carteles que podían leerse el jueves. :: J. ANDRADE

«Si no lo paran ya se les irá de las manos». Los responsables de varias empresas de seguridad privada exigieron ayer al Ayuntamiento que ponga freno al «intrusismo» en la vigilancia de obras en Vitoria. El sector dio la voz de alarma después de que este periódico revelara que un grupo de gitanos controla el tajo del polígono de Esmaltaciones San Ignacio, donde se levantarán 904 viviendas impulsadas por el Consistorio. Los portavoces de las compañías tienen muy claro que es una práctica «absolutamente ilegal» que debe ser cortada de raíz. De lo contrario, «se extenderá como la pólvora y generará problemas».
Unos carteles redactados a mano y colocados sobre las vallas del polígono ubicado en Olárizu dejan a las claras que esa obra está «cuidada por gitanos». Ese grupo ha asumido las rondas nocturnas a cambio de «entre 500 y 600 euros al mes», indicaron varios trabajadores. Se trata de un fenómeno habitual en otras ciudades como Madrid o Barcelona, pero nuevo en Vitoria. «Esto nunca se había visto en Álava, al menos de una forma tan clara. Nos preocupa y tiene mucho que ver con el imparable aumento de los robos», explicó el portavoz de la Federación de Construcción y Madera de Comisiones Obreras, Juan Luis España.
El hecho de que un gitano vigile un tajo no significa que exista algo parecido a una mafia. Pero también es cierto que en otras capitales las constructoras han llegado a denunciar «extorsiones». En resumen, algunos grupos calés se prestan a hacer rondas y si reciben un 'no' por respuesta el recinto es asaltado esa misma noche. Al día siguiente, aparece el mismo patriarca y vuelve a ofrecer el servicio.
La evidencia de que estas presiones puedan llegar algún día a la capital alavesa atenaza a constructores y vigilantes. Sus reservas son tantas que sólo hablan si se respeta su anonimato. «Si alguien dice algo le acusarán de racista. Ya pasó en Bilbao con la construcción de la carretera 'Supersur'. Por eso todo el mundo, sobre todo los políticos, mirarán hacia otro lado», lanzaba un empresario. De hecho, el Gabinete Lazcoz y otros partidos como el PP eludieron pronunciarse sobre la polémica.
«Competencia desleal»
El delegado de otra firma que vigila decenas de edificios, fábricas y obras en la ciudad coincidía por completo. «Lo de los gitanos es ilegal y no se puede hacer la vista gorda. A mí me exigen gente preparada, contratos firmados, estar al día en la Seguridad Social, dar cursos de formación y pasar los controles de la Policía Nacional y de la Ertzaintza. No me quiero ni imaginar que los que controlan la obra de Esmaltaciones ni siquiera tengan los papeles en regla. No hay derecho».
La principal razón de estas contrataciones, indicaban las mismas fuentes, es económica. Los profesionales de la vigilancia cobran cerca de 18 euros la hora -hay que tener en cuenta que los fines de semana suelen estar las 24- y los grupos calés piden 500 euros al mes. «Como mínimo, eso es competencia desleal».
Fuentes de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), con sede en Madrid, explicaron ayer que «el intrusismo es una lacra porque afecta a nuestra imagen y reduce considerablemente la prestación del servicio».
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